El Ayuntamiento de Ahome tendrá que pagar la cantidad de 5 millones de pesos a la familia de Roberto Emiliano, el niño que perdió la vida al caer a socavón en el 2018 por el bulevar Zacatecas en la colonia 72.
Así lo dio a conocer el alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros quien confirmó que fue la sentencia que recibieron de parte del Tribunal Contencioso Administrativo donde obliga al municipio a cumplir con este resolutivo.
“Nos llegó ya la sentencia del tribunal donde se está obligando al Ayuntamiento hacer un pago de 5 millones de pesos, por supuesto que una vida no tiene ese precio y menos la de un menor. Cuando me dieron la noticia la verdad me dio mucha tristeza, me dio pena, no por los 5 millones, eso no importa; pero como producto de una negligencia de un servidor público -según lo que me dicen porque yo no estaba ahí tampoco- se perdió esa vida”, recalcó.
En ese sentido, señaló que de inmediato giró instrucciones al secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro para que se acercara con los padres de familia a fin de entablar comunicación con ellos para decirles que el municipio va a resolver la sentencia que dictaminó el tribunal.
“Están en manos de algunos abogados ellos también, nosotros a través de la dirección de Asuntos Jurídicos vamos a revisar ese tema. Yo creo que esos temas es preferible dejar de pagar o hacer una obra, pero si resolver ese tema la familia”, indicó.
Incluso, adelantó que tienen responsabilidad penal los exfuncionarios de la anterior administración contra quienes existe una demanda penal, cuyo procedimiento corre su trámite a través de la Vicefiscalía; sin embargo, el Ayuntamiento cumplirá con el pago a los familiares del menor.
“No se vale, no por una irresponsabilidad, una negligencia de un servidor público se pueda tener un accidente de vehículo, una bicicleta, lo que sea y menos la pérdida de una vida”, lamentó Vargas Landeros.
Al respecto, aseguró que se tienen que fincar responsabilidades, independientemente de lo que él diga; la ley es muy clara y el proceso tiene que continuar, pues así como se emitió una sanción administrativa, tiene que haber una de otro como es la demanda penal en contra de los exservidores públicos.
