Al dejar en claro que la reforma constitucional de la Ley 3 de 3 impide a agresores sexuales, deudores de alimentos o culpables de violencia de género contender por cargos de elección popular o participar en el servicio público, la Senadora Imelda Castro Castro aseguró que existe un total compromiso de que esta legislación se cumpla al pie de la letra en el proceso electoral del 2024.
Al respecto, señaló que no podrán siquiera participar en el tema político todas aquellas personas que falten a sus obligaciones y al buen comportamiento en las líneas antes mencionadas y eso es lo que buscan con ésta
declaratoria se dio de manera satisfactoria en más de 20 estados el pasado miércoles.
“Es básicamente una suspensión del derecho constitucional, antes ya habíamos aprobado una reforma secundaria en materia de pensión alimenticia para evitar justamente que sean jueces, fiscales, magistrados, notarios públicos e incluso no puedan el trámite de pasaporte, en fin, para que estas personas que tengan sentencia firme no podrán acceder a esos servicios y no podrán tener cargos en ninguno de los tres planos del gobierno, esto ya es un tema legislado y era muy importante hacerlo”, enfatizó.
La legisladora federal afirmó que es una obligación hacer valer la ley al ser cuestionada si en esta ocasión si se hará valer está reforma con el antecedente que en el pasado electoral participaron algunos personajes con sentencia de violencia política en razón de género como fue el caso de ahora, exfuncionarios municipales.
“Esta legislación apenas la acabamos de aprobar y se va a aplicar para el proceso del 2024, tanto la reforma secundaria como la constitucional para hacerse valer tiene que haber un registro nacional de deudores alimenticios o violentadores que se va a integrar con la información que se tengan en los distintos niveles hasta ahora está esa legislación”, indicó.
Para poder lograr un mayor control y que realmente se impida que participen en el siguiente comisión electora, añadió, cada estado tendrá que trabajar en formar está base de datos de las personas violentadoras u omisas en sus obligaciones ordenada por una autoridad federal.
