El productor que se los trajo de su lugar de origen, Chihuahua, tendrá que ser juzgado por la ley, declaró el alcalde de Ahome quien consideró que hay una evidente violación a los derechos humanos en contra de los 43 jornaleros que eran explotados en un campo agricola.
Gerardo Octavio Vargas Landeros advirtió que para hacer valer la ley y se aplique un severo castigos se hará todo lo que les corresponda, pues el tema fue abordado en la mesa de seguridad de este lunes en donde se hizo el compromiso de todos los que participan en ella.
“Desde el primer momento le pedí Vicefiscalía de la zona norte porque ellos fueron los que los sacaron de ese infierno, ahorita en la mesa de seguridad fue el tema, le pedí que aplicarán la ley con todo su rigor porque no es posible que nosotros presumamos de que es una ciudad muy segura, de que somos dignos representantes de Sinaloa y que se esté dando este tema de trata de humanos porque así fue como se dio la denuncia”, señaló.
También, agregó que para que junto con Protección Civil y la Secretaría de Bienestar se pusieran en contacto con la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur y dieran aviso de que los campos agrícolas y albergues serán supervisados, ya giró instrucciones al área de Seguridad Pública.
“La ley nos faculta para revisar y que no nos vayamos a encontrar sorpresas cómo estás entonces yo iniciamos estás revisiones. Sinaloa trae más de 250 mil jornaleros principalmente de los estados del sur de la República, en esta ocasión es gente que viene de Chihuahua y claro qué fue un descuido los productores agrícolas, no me había tocado en todo lo que tengo en la administración pública qué sucediera aquí en el municipio, creo que debemos poner más atención para que no se de”, abundó.
De igual forma, indicó que no son del municipio ni del estado de Sinaloa quiénes estaban cometiendo este abuso de acuerdo a los detalles del caso, es decir, era gente que vienen de otros lados.
Vargas Landeros dijo están en espera de que se les pague por su trabajo en este momento los jornaleros y después de ello definirán si se regresan a su lugar de origen o bien deciden quedarse en el Estado de Sinaloa en busca de un trabajo.
“El gobierno de Chihuahua también tiene que hacer sus diligencias por si ellos se quieren regresar”, sostuvo.
